Este reportaje de Guillem Andrés para METROPOLI ABIERTA, nos explica un caso que dio mucho de que hablar a finales de los años 90 y inicios del 2000, una gestora de inmuebles, FINCAS PALLARÉS, muy conocida en la ciudad que se apropió de dinero de las comunidades de L’Hospitalet.
Según ha informado METROPOLI ABIERTA, los dos denunciados, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, y las Comunidades de Propietarios que se quedaron el dinero.
Solo Jordi Pallarès y Manuel Villalba conocen cuánto estafaron a decenas de comunidades de propietarios de L’Hospitalet. Quizás ni ellos mismos lo sepan. Lo más probable es que los socios de Finques Pallarès perdieran la cuenta del desfalco llevado a cabo durante años. La justicia cifró la cantidad en 349.493 euros.
Los dos acusados esquivarán la cárcel después de llegar a una acuerdo con la Fiscalía y admitir un delito de apropiación indebida.
Estos agentes de la propiedad inmobiliaria regentaban dos establecimientos que gestionaban fincas, en la calle París del barrio de Collblanc y en Enric Prat de la Riba. Durante 60 años administraron más de un centenar de comunidades de propietarios de la localidad.
En el 2015 las denuncias de varias comunidades destaparon la estafa. Los vecinos detectaban el robo cuando necesitaban el dinero para reparar ascensores o rehabilitar fachadas. Cuando hablaban con sus administradores, la hucha estaba vacía y al otro lado del teléfono ya no respondía nadie.
Este miércoles se ha celebrado el juicio en la Audiencia de Barcelona en el que los acusados han sido condenados a dos años de prisión por apropiación indebida. El juez ha acordado suspender la condena después de que la Fiscalía abriera la puerta a este escenario con la condición que los procesados no delincan durante dos años y dos meses, según señalan fuentes jurídicas a Metrópoli Abierta.
La presa mayor de estos estafadores, la encontraron en el número 49 de la calle de Josep Pla. Se apoderaron de 77.369,55 euros, una cantidad que correspondía a las cuotas ordinarias y derramas extraordinarias depositada en una cuenta de los acusados.
En el mismo número de la calle del Progrés se embolsaron otros 45.552,11 euros. Los vecinos habían logrado recaudar este dinero en diciembre de 2014 para pagar unas obras de rehabilitación de la fachada.
Hubo otros saqueos por 44.600 euros, 30.000 euros, 19.500 euros y más de una decena por un valor de entre 2.000 y 12.000 euros. En concepto de responsabilidad civil, los dueños de Pallarès Administración de Finques S.L como deberán indemnizar a los afectados. También deberá hacerlo su empresa de seguros, Catalana Occident, como responsable civil directa.
«Iban jugando a la desesperada, tapando agujeros de una comunidad con dinero de otra hasta que petó todo», explica Eloi Claramunt, abogado de 11 de las 20 comunidades que recuperarán una gran parte del dinero estafado.
El acuerdo establece que los acusados deben devolver el 88% del dinero a las comunidades de propietarios. En 2015 el diario El Punt Avui cifraba en 126 las comunidades afectadas, y en más de un millón de euros la cuantía de la estafa.
La mayoría de afectados eran familias de clase trabajadora. La estafa también tenía consecuencias en las empresas constructoras cuyos empleados se quedaban sin cobrar. Cuando se destapó el caso Pallarès apuntó a una «mala gestión» para justificar la desaparición del dinero.
La Fiscalía concluye que ambos socios actuaron conjuntamente en un «plan previamente concebido por ellos con el propósito de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial». Según el Ministerio Público, la actividad delictiva se produjo entre los años 2014 y 2015 cuando empezaron a coger el dinero de los vecinos de las cuotas, saldos y derramas.
Algunas estafas tienen origen en 2007. Fue entones cuando en la calle Josep Pla, 42, los vecinos quisieron reparar unos ascensores por 8.702 euros. La comunidad envió en febrero de 2015 una carta pidiendo el retorno del dinero y las actas de la comunidad. Jamás obtuvieron respuesta.
En la calle del Progrés se realizaron unos trabajos por el hundimiento y la rehabilitación de la fachada. Las facturas estaban cobradas, pero quedaban obras pendientes cuyos honorarios ya estaban pactados. Muchos trabajos se hacían por obligación del Ayuntamiento.
Al inicio del procedimiento la Fiscalía pedía cuatro años de cárcel. Claramunt valora positivamente el acuerdo. «Evitas un juicio que podría ser incierto. Nos aseguramos la condena, más allá de si luego entran o no a prisión», señala. «No se van de rositas. Contraen la obligación que tenían en relación a la comunidad. Por parte de los vecinos se ha acreditado la apropiación indebida», observa el letrado que añade, eso sí, que los afectados ya no podrán reclamar ninguna indemnización superior.
Aunque ambos empresarios se apropiaron casi 350.000 euros, la mayor parte del dinero que volverá a los bolsillos de sus legítimos dueños lo aportará Catalana Occident, que podría reclamar ese dinero a sus propios clientes una vez terminado el proceso judicial. El juez también ha condenado a los acusados a pagar los honorarios de los abogados y los procuradores de los vecinos afectados.
UN REPORTAJE DE GUILLEM ANDRÉS PARA METROPOLI ABIERTA
