El Ayuntamiento ha aprobado el programa de inspección de viviendas vacías para el año 2022, y un convenio de cooperación con la Agencia de la Vivienda de Catalunya para su cofinanciación, que tiene por objetivo destinar pisos permanentemente desocupados de la ciudad a alquiler social.
La iniciativa se basa en la Ley del derecho a la vivienda, que prevé medidas para evitar el desempleo permanente de pisos (más de dos años vacíos), y se inserta en las actuaciones por la vivienda digna y ecoeficiente del Plan de actuación municipal 2020-2023 -y de los objetivos de desarrollo sostenible-, que quieren incrementar el parque de pisos sociales como medida para garantizar el derecho a la vivienda y facilitar el acceso para prevenir la exclusión residencial.
Además, L’ Hospitalet ha sido declarada área de demanda de vivienda fuerte y acreditada, con la necesidad de ejecutar medidas para incrementar el parque de pisos sociales en la ciudad.
La actividad inspectora del Ayuntamiento se concentrará en las viviendas propiedad de entidades financieras y mayores tenedores, que acumulan un importante número de pisos vacíos y tienen una responsabilidad social y una posición diferente de la de propietarios menores. Además, se priorizará la acción en viviendas que disponen de más condiciones objetivas para ser utilizada y que requieren con mayor urgencia su movilización por problemas de convivencia o salubridad.
De acuerdo con la Ley del derecho a la vivienda, una vez se detecte por la inspección que el piso cumple con las condiciones previstas, se instruirá el correspondiente expediente de declaración de vivienda en situación anómala. Entonces, se ofrecerá a los titulares de los pisos vacíos o permanentemente desocupados su cesión al Ayuntamiento para que los gestione en régimen de alquiler, con la posibilidad de que se pueda declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda, además de todas aquellas otras medidas que se puedan adoptar de acuerdo con la reciente ley para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, del pasado 3 de marzo.
El concejal de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, Cristian Alcázar, ha destacado que el programa de inspección y el convenio con la Agencia de la Vivienda «supone trabajar juntos Ayuntamiento y Generalitat para intentar poner más pisos a disposición de la mesa de emergencia de la ciudad y llegar a más familias en situación de exclusión residencial».
La actividad inspectora también servirá para aplicar a los propietarios de pisos vacíos el recargo del 50% sobre la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI), establecido a las ordenanzas fiscales de L’ Hospitalet. En cambio, tienen una bonificación del 50% de la cuota íntegra del IBI los pisos destinados a alquiler social que hayan sido cedidos a la bolsa que gestiona la Oficina Municipal de Vivienda.
