A principios de 2024, el Ayuntamiento de Cornellà inició una campaña municipal de concienciación e información a la ciudadanía propietaria de perros sobre la obligatoriedad de identificar los animales con chip y patrón de ADN, según se recoge a la Ordenanza General de Convivencia Ciudadana, desde el año 2021, en los artículos 92 y 95.
Durante el primer trimestre del año, se llevó a cabo una tarea pedagógica a las zonas de influencia de los 13 parques caninos y 4 correcans de la ciudad, informando sobre los procedimientos y pasos para censar los perros con la colaboración de la Guardia Urbana, los educadores cívicos y el servicio SON (Serenos); y también se realizó una tarea informativa a las entidades de la ciudad para fomentar la concienciación.
Varias clínicas veterinarias de Cornellà y del entorno están subscritas a la iniciativa y ofrecen la prueba de ADN necesaria para el registro por un precio fijado de 40 euros. Estas clínicas se pueden consultar en este enlace.
A partir de aquí, se empezó a sancionar por el incumplimiento de esta normativa, que tiene como objetivo fundamental proteger el bienestar de los animales y protegerlos ante abandonos, maltratas, etc. Así, entre los meses de abril y mayo de 2024 se han impuesto un total de 328 sanciones por no llevar identificados los perros adecuadamente.
El objetivo de esta iniciativa es doble: por un lado, preservar el bienestar del animal y reducir el maltrato y la tasa de abandonos y, de la otra, contribuir a solucionar problemas de salubridad, limpia urbana y convivencia ciudadana.
Hay que destacar que el Ayuntamiento de Cornellà en 2014 incluyó en la Ordenanza General de Convivencia Ciudadana la posibilidad de sustituir las multas por actos incívicos con trabajos sociales. La medida tiene como objetivo conseguir que la persona sancionada reflexione sobre las consecuencias de sus acciones, a nivel personal y a nivel de la comunidad, fomentando un cambio de actitud y mejorando la cohesión social.
El Ayuntamiento estudia cada petición recibida y determina, dependiendo de la sanción y la predisposición de la persona, las sesiones formativas obligatorias, la reparación de los daños y las gestiones a realizar para la comunidad. Hasta el momento, un total de 1.500 personas se han acogido a esta opción de conmutar las sanciones económicas por trabajos en la comunidad.
