El Ayuntamiento de Cornellà ha presentado la nueva Política Social de Vivienda para promover actuaciones que garanticen a la ciudadanía el acceso a la vivienda, en especial a los colectivos con menos recursos y la juventud. El documento define las líneas prioritarias para crear un parque estable de viviendas sociales en la ciudad mediante tres líneas prioritarias: incrementar un 61% la reserva de vivienda protegida, rehabilitar inmuebles para mejorar la sostenibilidad y accesibilidad, e impulsar la bolsa de alquiler social municipal.
Todas las actuaciones están previstas en el planeamiento urbanístico del 2020-2030, de acuerdo con la realidad de crecimiento territorial y con la garantía de los principios de sostenibilidad ambiental y social. Aunque la competencia en materia de vivienda es exclusiva de la Generalitat, la política de vivienda siempre ha formado parte de la acción del gobierno municipal, y con la crisis sanitaria y económica actual, toma mayor relevancia. Este contexto ha propiciado dificultades para acceder a un piso de propiedad, alquileres inasumibles, desahucios, inmuebles vacíos u ocupados, falta de recursos en las políticas sectoriales de vivienda, etc.
Otro eje fundamental será la posibilidad de transformar locales comerciales en viviendas sociales, así como crear un censo de pisos en manos de grandes tenedores a fin de promover la incorporación a la bolsa de alquiler social. El nuevo plan fue aprobado en el pleno municipal del mes de enero con los votos a favor de En Comú-Movem Cornellà, Podemos y el PSC, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de ERC. También, se hace hincapié en la necesidad de colaboración entre las administraciones, y concretamente con el Consorcio Metropolitano de la Vivienda, en la emisión de propuestas que favorezcan el acceso a la vivienda y que ayuden a la regulación del mercado libre inmobiliario.
Otro de los objetivos del Ayuntamiento es acabar con las ocupaciones ilegales de pisos en la ciudad por parte de grupos organizados que, con el fin de extorsionar familias en situación de vulnerabilidad, ocupan viviendas ilegalmente para posteriormente realquilar los mismos y especular con la vivienda ocupada. Con anterioridad, en septiembre de 2020, se aprobó una moción para instar al Gobierno a llevar a cabo un cambio en la ley que permitiera luchar de forma más efectiva contra estas mafias y dotara las administraciones locales de más recursos para actuar. También se ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a las comunidades de vecinos para fomentar la colaboración ciudadana en contra de este tipo de ocupaciones.
