Agentes de los Mossos d’Esquadra, detuvieron la semana pasada once personas a quienes se atribuyen los delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, no solo en el interior de la prisión, sino también en los municipios de Cornellà de Llobregat, L’Hospitalet, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa y Sabadell.

La investigación se inició el mes de noviembre de 2020 gracias a la información recopilada por el equipo del área de Información y Seguridad de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios (DGAP) que apuntaba a que internos del centro traficaban con sustancias estupefacientes, introducidas desde el exterior.

Los investigadores pudieron determinar que los internos contaban con la colaboración de familiares de internos, trabajadores del mismo centro y de reclusos que salían de permiso y que introducían las drogas.

Una vez analizada la participación e implicación de algunas de estas personas se ha podido acreditar que tres grupos de internos se dedicaban a esta actividad, cada cual con su red de colaboradores. Fruto de esto se interceptaron algunas sustancias estupefacientes después de los contactos íntimos entre familiares (vis a vis) y del retorno de internos provenientes de permisos penitenciarios.

Explotación del dispositivo

El 22 de febrero de 2022 los investigadores llevaron a cabo siete cacheos domiciliarios, dos de trasteros y armarios laborales y detuvieron once personas, entre las cuales tres funcionarios de prisiones y un profesional del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). A estas personas se les pudo relacionar, bien con la presunta venta de sustancias estupefacientes en su vida particular, bien con el tráfico de sustancias en el interior de la prisión en el marco de la actividad que se desarrolla a los talleres del centro.

Entre los detenidos, además de los trabajadores del centro penitenciario, también hay familiares de internos que participaban activamente en la introducción de drogas en el centro. Además, se investigan doce internos a quienes se los atribuye la recepción y distribución de las drogas en el interior de la prisión.

La vertiente del dispositivo que afectaba en el interior del centro penitenciario se llevó a cabo por parte de funcionarios públicos del mismo centro, en coordinación con la dirección del centro, el AIS y los Mossos d’Esquadra. Se registraron varias celdas de los módulos donde habitaban los internos investigados. Muchos de los reclusos fueron trasladados a otros centros penitenciarios con el fin de erradicar esta actividad delictiva.

Uno de los grupos investigados contaba con la colaboración de sus familiares, asentados en el barrio de San Ildefons de Cornellà de Llobregat que, paralelamente, había creado un entramado de venta de drogas “al por menor” en este barrio y que los reportaba cuantiosos beneficios.

Con la información obtenida por el personal adscrito a la DGAP se detectó como algunos de los funcionarios contactaban con ex-internos penitenciarios o con sus familiares, con los cuales interactuaban o tenían tratos poco comunes, siendo una práctica poco habitual por parte de personal del centro penitenciario.

Los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia n.º 6 de Martorell que tuteló la causa, que decretó libertad con cargos y medidas cautelares para todos.