La guerra fratricida entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central ha subido de temperatura. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por mayoría imponer medidas restrictivas de movilidad en las comunidades que superen los 500 casos por 100.000 habitantes tengan una tasa de positividad en las pruebas superior al 10% y una ocupación de enfermos de covid en las UCI por encima del 35%.
Con estos criterios, 10 municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, tendrían que establecer confinamientos perimetrales, entre otras limitaciones. Pero su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguró que al no haber consenso por todas las comunidades autónomas, este acuerdo carece de validez jurídica.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció ayer miércoles por la tarde anunciando las medidas; que serán publicadas “en los próximos días” en el Boletín Oficial del Estado como orden ministerial.
Por el momento, con los datos actuales, solo Madrid tiene que aplicarlas. Pero no piensa hacerlo.
La comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, es una de las cinco autonomías que han votado en contra de estas medidas en el consejo, junto a Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta, mientras que Murcia se ha abstenido.
El resto han votado a favor. Madrid se opuso; a pesar de que el martes, a través de su vicepresidente, Ignacio Aguado, dio su visto bueno a este mismo acuerdo; que había alcanzado de forma bilateral con el ministerio.
Illa ha asegurado que no contempla la posibilidad de que Madrid no aplique esta “decisión colegiada del consejo”. Si lo hiciera, en cualquier caso, tendrá que ser ratificada por un juez, como sucede con todas las medidas que afectan a derechos fundamentales sin estado de alarma en vigor.
