En un reportaje editado por el canal 324, explica el caso de un vecino de Barcelona, Alejandro de 83 años que hace sesenta que vive en la misma casa, en el Barrio Gótico de Barcelona.
Ahora tiene que enfrentarse al tercer intento de desahucio. La causa es que no puso el contrato de alquiler a su nombre cuando murió su mujer, que era la titular. En aquella época también murieron sus dos hijos.
A pesar de que intentó pagar, el propietario le devolvía los recibos y Alejandro se encuentra en una situación que no comprende:
«Si fuera una persona conflictiva…. El gobierno tendría que prohibir que personas como yo tengan que pasar estos momentos», dice Alejandro.
Él y el abogado han propuesto al propietario de todo el bloque pagarle 12.000 euros por los meses de alquiler que hasta ahora no ha querido aceptar, para demostrar que el contrato ya no está vigente. Y además, unos 600 euros mensuales de alquiler, tres veces más que la renta indefinida que tenía. Pero no lo acepta.
El abogado, Matías Gríful Ponsatí, dice que el propietario solo quiere echarlo y cree que el caso no habría tenido que llegar hasta aquí porque «la función del juez es interpretar la ley. No ha habido impago».
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