La crisis del COVID sigue marcando la agenda económica del mundo. El impacto de la enfermedad ya se ve en todo tipo de empresas y en los datos macroeconómicos de todos los países y regiones del globo. La enfermedad que paró al mundo ha obligado a los Gobiernos y compañías a tomar medidas para impedir que el daño causado por las medidas de contención se haga permanente.
El Ministerio de Función Pública y Política Territorial ha alcanzado un acuerdo con CSIF, CCOO, UGT y CIG para desarrollar el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE), que permitirá a la plantilla trabajar a distancia de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serán de carácter presencial.
El acuerdo, firmado este lunes tras cinco meses de negociación, afectará de manera potencial a 230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales, entre otros.
El texto rubricado por las partes excluye del mismo a todos aquellos trabajadores ubicados en puestos que requieran de presencialidad, es decir, asegura la atención en ventanilla o similares para el ciudadano de a pie. Y, a su vez, remite siempre a la «voluntariedad» del trabajo a distancia para los empleados, por lo que aquellos que no quieran teletrabajar no estarán obligados a hacerlo.
