El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), a iniciativa de sus compañeros de Mataró, está trabajando en la siguiente propuesta:
«En caso de una ocupación ilegítima de una vivienda, si en las primeras 48 horas el ocupante no acredita la titularidad que le permita habitar el inmueble y el propietario sí, la desocupación ha de ser inmediata, facilitada por la adopción de una medida cautelar urgente por parte de un juez«.
Que la propuesta salga de Mataró tiene una justificación, ya que es una de las ciudades, junto con Barcelona más afectadas por el fenómeno de la usurpación de casas.
Los letrados han elaborado una propuesta de modificación legislativa con la intención de «frenar, disminuir o dar solución» al fenómeno de la ocupación ilegítima de viviendas, que tildan de muy preocupante en Catalunya para el caso de usurpaciones de pisos de uso habitual.
El eje de la cuestión es la modificación de los artículos 134 y 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero hace referencia al inicio de un proceso penal y el segundo es el que facilita al poder judicial la adopción de medidas contra el reo antes de la sentencia para proteger a la víctima. Ese artículo dice: «El Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma.»
Según los impulsores, «la técnica procesal actualmente no funciona. Las mafias son más rápidas y eficientes que la propia Justicia», y el problema de la ocupación precisa «una respuesta rápida y contundente».
El fenómeno de la ocupación que se daba tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en la crisis del 2012, al modelo actual hay grandes diferencias. Si en aquel momento estaba protagonizado por «personas vulnerables afectadas por los desahucios hipotecarios» que se metían en viviendas acumuladas por entidades financieras en sus embargos, ahora el perfil de la ocupación ha evolucionado y aparecen redes dedicadas a la venta de casas a personas vulnerables». Son redes que llevan a cabo «casos de extorsión a los propietarios».
El surgimiento de patrullas vecinales contra los ocupas, fruto de «problemas de convivencia y degradación en el espacio público», es un fenómeno preocupante que los promotores han calificado de «verdaderamente graves».
