Tras dos meses en marcha, la campaña «soy mayor, no idiota» ha llegado al Congreso. Varios partidos han registrado ya iniciativas en la cámara legislativa para garantizar la asistencia presencial en la prestación de servicios, tanto en el sector bancario (germen inicial de la movilización), como en la propia Administración Pública.
Todo ello gracias al éxito de la recogida de firmas impulsada por un jubilado de 78 años que exigía precisamente sucursales físicas y atención presencial a los bancos. Carlos San Juan, el hombre que inició esta campaña, ha recabado más de medio millón de firmas desde que publicó la petición, que lleva en torno a dos meses en el aire pero que se hizo mediática a mediados de enero.
De hecho, tal como contó él mismo, San Juan ha recibido llamadas del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y del Ministerio de Economía, y en las últimas dos semanas todo esto se ha trasladado al plano político.
El PSOE ha registrado una proposición no de ley destinada a aplicar el principio constitucional de no discriminación por razón de edad en el campo digital y a atajar la llamada brecha digital. En concreto, plantea ayudas de asistencia y medios presenciales alternativos para facilitar el acceso a servicios públicos digitales a quienes, por su edad o situación de vulnerabilidad social, no cuenten con competencias digitales o medios técnicos para acceder a estos servicios. En su iniciativa, los socialistas proponen también facilitar la formación digital de personas mayores en «espacios cívicos de proximidad y gratuitos».
También el PP ha hecho suya la reivindicación de Carlos San Juan y ha registrado hasta sendas iniciativas pidiendo que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para evitar «la exclusión financiera que se cierne sobre los españoles más vulnerables, por la amenaza digital en la prestación de servicios bancarios y el cierre de oficinas».
