El Govern de la Generalitat, está preparando una doble reforma legal que permita a las comunidades de vecinos y a los ayuntamientos pedir el desalojo de un inmueble con una ocupación conflictiva, cuando altere gravemente la convivencia, genere alarma social o se hagan actividades ilícitas.
La reforma legal anunciada este miércoles la han impulsado dos conselleríes, la de Justicia y la de Drets Socials, y comportará cambios tanto en el Código Civil como en la Ley de la Vivienda para combatir las ocupaciones conflictivas de fincas de bancos, fondos de inversión, la Sareb o grandes inmobiliarias cuando los propietarios no actúen por iniciativa propia.
Modificaciones en el Código Civil catalán
La reforma que prepara el Departament de Justicia comporta modificar el libro V del Código Civil catalán relativo a los derechos reales en el apartado de propiedad horizontal, para que los ayuntamientos y las comunidades de vecinos puedan instar al desalojo de una finca ocupada cuando el propietario no lo haga.
Estarán facultados legalmente para hacerlo cuando esta ocupación provoque «una grave alteración de la paz social», para poder «restituir la convivencia» de la vecindad.
El proceso será el siguiente: cuando el Ayuntamiento detecte que una finca ocupada genera problemas de convivencia y orden público tendrá que pedir al propietario que inicie la acción judicial de desocupación del inmueble. Si pasado un mes la propiedad no ha presentado ninguna petición al tribunal competente, lo podrá hacer el propio Ayuntamiento de forma inmediata.
El gobierno también modificará el artículo 553-40 del Código Civil para autorizar las comunidades de propietarios a actuar, siguiendo el mismo procedimiento.
La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha afirmado que también instarán a los tribunales de justicia y la Fiscalía de Cataluny para que acorten al máximo los plazos, si hace falta con un nuevo protocolo, para acelerar los desalojos de este tipo de ocupaciones, «que son un grave problema social».
«Son ocupaciones que a menudo hacen la vida imposible a sus vecinos y provocan un sentimiento de impotencia a muchos de nuestros ayuntamientos y alcaldes, porque no tienen herramientas para restablecer la convivencia en sus municipios.»
