26/07/2024

La justicia tumba las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià aprobadas hace cuatro años

L’Hospitalet tendrá que devolver 2 millones de euros de multas

BAIXES EMISIONS
25/07/2024

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
(TSJC) ha anulado las ordenanzas municipales aprobadas hace cuatro años en 
Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Esplugues para regular la 
Zona de Bajas Emisiones (ZBE ) dentro de las rondas de Barcelona. Como hizo con la de Barcelona, ​​el tribunal considera que 
las restricciones a los vehículos más antiguos no están suficientemente argumentadas, según avanzó ‘El Periódico.

L’Hospitalet tendrá que devolver 2 millones de euros de multas

A causa de la sentencia y a diferencia de Barcelona, que consiguió mantener la vigencia de su norma mientras recurrió al Supremo, L’ Hospitalet y Cornellà permanecerán sin ZBE vigente hasta que aprueben una nueva ordenanza. En el caso de L’Hospitalet, donde la ZBE cubría toda la ciudad, será donde más impacto tenga el revés judicial.

El Ayuntamiento de L’Hospitalet calcula que tendrá que devolver buena parte de las multas impuestas en los años 2021, 2022 y 2023, todas las que no sean firmes, con un importe global que ronda los 2 millones de euros, según confirman fuentes municipales a raíz de la noticia avanzada por ‘El Periódico’.

En cuanto a Sant Adrià de Besòs , el consistorio ya se apresuró a definir un nuevo texto cuando llegó la primera sentencia contra la ZBE de Barcelona. Esta ordenanza actualizada está vigente desde hace pocos meses.

En el caso de Esplugues de Llobregat, el gobierno señala al rotativo que han presentado un recurso al Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC, por lo que la ordenanza aprobada hace cuatro años seguirá vigente hasta que el alto tribunal se pronuncie.

Falta de previsión sobre la renovación del parque de vehículos

Los magistrados reprochan a los ayuntamientos no haber incluido en las regulaciones una valoración de cómo las restricciones condicionan la capacidad económica de los conductores , especialmente los residentes en las ciudades afectadas y colectivos empresariales de menor capacidad económica, al tener que adquirir un vehículo con distintivo ambiental para poder circular.