Este jueves entran en vigor las nuevas bajas incluidas en la reforma de la ley del aborto aprobada el pasado febrero: por interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo, el permiso a partir de la semana 39 de gestación y la baja por menstruación incapacitante.
Estos derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres fueron incluidos en el marco de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la que se modifica la Ley General de la Seguridad Social para reconocer como situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes aquellas bajas laborales en caso de menstruación incapacitante secundaria, así como la situación posterior a la interrupción del embarazo y el embarazo desde el día primero de la semana trigésima novena.
La norma no establece requisitos para solicitar las bajas, aunque será necesaria la constatación de la situación por el médico de cabecera como en cualquier enfermedad común. Tampoco especifica la norma la cuantía de prestación económica, aunque actualmente las bajas por contingencias comunes implican el 60% de las base reguladora desde el cuarto día al 20º (incluido) y el 75% desde el día 21 en adelante.
Desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) explican que las personas que podrán acogerse a este último permiso serán limitadas, dado que la norma establece que la baja por menstruaciones incapacitantes solo podrán pedirla pacientes diagnosticados de dismenorrea secundaria.
Concretamente, la reforma del aborto reconoce por primera vez «la situación de incapacidad derivada de una dismenorrea generada por una patología previamente diagnosticada», es decir, la existencia de una menstruación dolorosa que no permita la realización de las actividades diarias siempre y cuando haya sido acreditada por un médico y se trate de una «dismenorrea secundaria».
