19/07/2024

Una banda mafiosa afincada en L’Hospitalet y Barcelona usaba bebés para ocupar pisos y realquilarlos a migrantes

En los últimos cuatro meses habrían ocupado doce pisos en L’Hospitalet y Barcelona

PORTADA MOSSOS

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30/11/2022

Agentes de los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal especializada en la ocupación de pisos vacíos que después alquilaban a terceras personas que se encontraban en situación irregular en el Estado español para sacar un beneficio económico. Los miembros de la organización se distribuían las tareas para llevar a cabo sus acciones. Utilizaban menores de edad para realizar las ocupaciones, principalmente en L’Hospitalet y Barcelona, y de este modo evitaban un posible desalojo policial. Una vez asentaban la ocupación, alquilaban y/o vendían el inmueble a terceras personas.


El pasado 15 de noviembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo un dispositivo policial que acabó con la detención de nuevo integrantes de esta organización criminal, entre los cuales los jefes de la organización, e hicieron entradas y cacheo en tres inmuebles, uno en Barcelona y dos en L’Hospitalet de Llobregat. Los detenidos están relacionados con los delitos de estafa, usurpación de corderos inmuebles y defraudación de fluido eléctrico. Los investigadores localizaron documentación donde se acreditaba la gestión de los inmuebles ocupados, documentación manipulada, herramientas y cerraduras que utilizaban en las diferentes ocupaciones, marihuana y herramientas para su manipulación.


Los investigadores han podido acreditar que en los últimos cuatro meses habrían ocupado doce pisos en Barcelona y en L’Hospitalet de Llobregat y que habrían intentado acceder a doce inmuebles más. Durante este periodo, se estima que habrían obtenido ingresos por valor de una media de 24.000 euros en un mes.
A raíz de las gestiones de investigación y a partir de la documentación intervenida, se ha comprobado que esta organización criminal ha estado llevando a cabo ocupaciones al menos desde el año 2020. Entre las víctimas que se han podido localizar, hay dos de consideradas vulnerables.

Detectar mafias especializadas en ocupaciones


La investigación policial se inició hace unos meses después de que la policía iniciara un plan de investigación de grupos mafiosos especializados en este tipo de ocupaciones para posteriormente sacar un beneficio económico con el alquiler a familias, a veces vulnerables, con o sin engaño. Fruto de esta acción se detectó la existencia de esta organización criminal investigada.
En los últimos años, se ha detectado que existen grupos organizados detrás de ocupaciones que, de una manera organizada y perfectamente estructurada, han constituido un entramado delincuencial que llevaría a cabo ocupaciones con el fin de obtener beneficios económicos. Las investigaciones sobre estos grupos tiene un alto nivel de dificultad puesto que a menudo las víctimas no los denuncian dada su situación de vulnerabilidad y porque disponen de un lugar para dormir.


Los miembros que conformaban la trama criminal estaban altamente organizados y estructurados para llevar a cabo con éxito sus objetivos. Unos forzaban el acceso y accedían en el interior del inmueble con menores mientras que otros hacían funciones de vigilancia del entorno para evitar ser descubiertos. Una vez lograda esta primera fase, llegaban las personas que ocupaban los domicilios y se quedaban unos días para poder consumar la ocupación con éxito. Posteriormente lo alquilaban a terceras personas y/o vendían la posesión del piso por un importe simbólico.


Los líderes del grupo supervisaban en todo momento el proceso que comportaba la ocupación de un inmueble, ya fuera de manera presencial o telefónicamente. Daban instrucciones sobre que se tenía que hacer para que un inmueble tuviera la apariencia de domicilio donde se vivía de hacía días para evitar una acción policial y el consecuente desalojo. También utilizaban niños y niñas para disuadir la policía una vez acababan de ocupar el piso, poniéndolos en la puerta y haciéndolos llorar para hacer creer que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Una vez la ocupación se consolidaba, vaciaban el piso y lo alquilaban a familias que buscaban un alojamiento. En alguna ocasión habían, incluso, vendido el inmueble a terceras personas.


La organización criminal actuaba de tres maneras diferentes para obtener ganancias con la ocupación de las viviendas:


-Ocupaba los pisos y ofrecía habitaciones a terceras personas que necesitaban un domicilio y que como no estaban regulares en España, tenían dificultados porque alguien se lo alquilara. Se les ofrecían habitaciones entre 200 y 500 euros en el mes.
-Una vez asentada la ocupación y, por lo tanto, cuando descartaban que podían ser desalojados, encontraban familias que buscaban alojamiento y les ofrecían el piso por entre 3.500 y 4.500 euros
-En algunas ocasiones, también habían vendido el piso a terceras personas. Es decir, lo ocupaban y después de cambiar la cerradura, lo libraban a quién quisiera vivir en aquel domicilio, ya despreocupándose de esta ocupación, a cambio de entre 8.000 a 10.000 euros.

Los investigadores han podido acreditar que la organización funcionaba a tres niveles. En el primero habría los jefes del entramado criminal. Eran los encargados de dar las directrices y órdenes a los siguientes niveles de la escala jerárquica. Se encargaban de gestionar toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo la ocupación. Utilizaban menores para disuadir la policía y conseguir el éxito de la acción y activaban personas para cambiar las cerraduras y hacer la instalación de cableado para realizar la defraudación de luz y/o agua. También contactaban con familias que acababan de llegar a nuestro país y que estaban buscando alojamiento.


La organización también recibía peticiones de personas que buscaban un piso o una habitación donde vivir. Así, al recibir una petición, si no había ningún piso disponible, rápidamente ocupaban un de nuevo.
Al segundo nivel se situaban los colaboradores necesarios. Eran personas de confianza de los jefes y se encargaban de buscar inmuebles vacíos para perpetrar las ocupaciones. Hacían funciones de apoyo y ayuda para arreglar los domicilios ocupados y prepararlos para su posterior venta o alquiler.
En cuanto al tercer nivel había las personas que ocupaban físicamente el domicilio y se quedaban unos días a su interior para realizar la ocupación con éxito. Normalmente, actuaban acompañados de menores (hijos o sobrinos de los miembros del entramado) que utilizaban en caso de que llegara la policía para hacerlos creer que se encontraban en situación grave de vulnerabilidad y, de este modo, conseguir quedarse en el piso. Pasados un días, abandonaban el piso y lo ponían a disposición de los jefes de la mafia para que gestionaran el alquiler o la venta a familias que estaban buscando un lugar para ir a vivir.
Las personas que finalmente alquilaban el piso han sido consideradas como víctimas de esta organización criminal a pesar de que eran conscientes que estaban pagando precios de alquiler por debajo del mercado y que el inmueble tenía las conexiones del agua y luz pinchadas.

Después de alquilar el inmueble promovían la desocupación a cambio de dinero


A raíz de la investigación, los mossos han comprobado que en algunas ocasiones, los jefes de la organización pactaban con el propietario real del inmueble para echar los ocupantes a quienes acababan de alquilar el piso. A cambio de entre 8.000 y 10.000 euros iniciaban el proceso para echarlos y los compensaban con una pequeña cantidad de dinero. A menudo una vez cobraban de la propiedad y los locatarios marchaban del domicilio, dejaban pasar un tiempo y cuando veían que la propiedad no tomaba medidas de seguridad para evitar una nueva ocupación, lo volvían a ocupar y pedían, nuevamente, dinero para devolverlo a su legítimo propietario.
Los miembros de esta organización criminal actuaban mayoritariamente en pisos que eran propiedad de entidades bancarias o entidades inmobiliarias, razón por la cual en la mayoría de casos se renunciaba a la acción penal en beneficio de la acción civil que permitía que los inmuebles estuvieran en manos de este grupo durante un periodo de tiempo largo. En algunas ocasiones acababa con una compensación económica de las entidades inmobiliarias a cambio que las personas que los ocupaban marcharan del domicilio.
Los detenidos, después de pasar a disposición judicial, quedaron en libertad.