La Fiscalía de Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 2 de L’Hospitalet de Llobregat que archive la investigación abierta por omisión del deber de perseguir delitos contra la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, dentro de la presunta trama de corrupción relacionada con el Consell Esportiu.
El escrito fiscal señala que la denuncia de un miembro de este consell contra el presidente de esta entidad y otros cargos municipales por falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros delitos, no dice nada de la alcaldesa y que fue tras la investigación policial que aparece su nombre ante la posible comisión de una omisión del deber de perseguir delitos, por no hacer supuestamente nada ante estas presuntas «irregularidades relacionadas con la gestión y el destino del importe de las subvenciones concedidas al Consell Esportiu de L’Hospitalet por parte del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat».
Sin embargo, el fiscal señala que el denunciante y la alcaldesa tuvieron varias reuniones en 2020 en las que ella fue informada de las presuntas irregularidades en el Consell y que Marín pidió explicaciones a dos denunciados que negaron una mala gestión. Además, «a la vista de la contradicción de las versiones que se le ofrecen, la investigada decide ordenar una auditoría con el fin de esclarecer la veracidad de los hechos de los que fue informada», explica el Ministerio Público.
Poco después el denunciante informó a la Policía de sus sospechas y se inició la investigación policial. En junio de 2020 informó a Marín quien le respondió que «no era posible llevar a cabo una investigación por parte del Ayuntamiento puesto que los hechos se habían judicializado a través de la denuncia interpuesta» y le remitió al juzgado para que aportase documentación.
«Parece razonable concluir que la actitud, comportamiento y decisiones adoptadas por la investigada no pueden tener encaje en la idea de una dejación de funciones patente, manifiesta y total: tras escuchar al denunciante y mantener una conversación con los posibles responsables de las irregularidades Marín ordenó una auditoría de las cuentas del Consell Esportiu, cumpliendo con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones concedidas» indica el fiscal.
Además, considera que tampoco se la puede imputar por los delitos de «prevaricación y malversación de caudales públicos» como hace la Policía «alegando como único motivo el hecho de que su condición de Alcaldesa le convierte, en consecuencia, en la máxima responsable de las decisiones que se adoptan en el Ayuntamiento. Se nos antoja excesivo aplicar dicho razonamiento, so pena de convertir a cualquier primer edil en blanco, por presunción extensiva, de las denuncias o querellas que puedan interponerse contra cualquier autoridad o funcionario de ámbito local a falta de indicios que permitan deducir lo contrario».
El Ministerio Público cree que en la investigación judicial no hay indicios de que la alcaldesa tuvo implicación presuntamente delictiva en los trámites de los distintos expedientes de subvención «sobre los que, por otra parte, no tenía ninguna competencia» ni en la adopción de ninguna resolución sobre el Consell sospechosa de irregularidades.
