El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha pedido a la Generalitat de Catalunya que busque soluciones para las familias y los 25 docentes de la Academia Cultura ante el posible cierre del centro concertado el curso próximo y la consiguiente redistribución de sus alumnos en otros centros de la zona. El concejal de Educación, Innovación y Cultura, David Quirós, y la concejala del Distrito de Collblanc-la Torrassa, Olga Gómez, se han reunido esta mañana con las familias, los docentes y representantes de CCOO y les han transmitido el apoyo municipal. La Generalitat no ha asistido a esta reunión aunque tenía constancia.
El Departament d’Educació propone la recolocación de los 330 alumnos en centros públicos de la zona educativa. Así, los 223 alumnos de primaria se trasladarían a los módulos que actualmente ocupa la Escuela Ernest Lluch, que está previsto que durante el primer semestre de 2022 se trasladen al nuevo edificio de la calle de Mas. Queda pendiente cerrar definitivamente la escolarización de los 107 alumnos de ESO.
La Generalitat no propone ninguna alternativa para la recolocación del personal docente. El Ayuntamiento insistió la semana pasada en una reunión que mantuvo con el conseller d’Educació, González Cambray, en la necesidad de encontrar una salida laboral de continuidad para la actual plantilla. La conselleria ya manifestó que en ningún caso asumirá la recolocación de los 25 docentes, y que las indemnizaciones tendrán que ser asumidas por la titularidad del centro.
Desde que tuvo conocimiento de la situación de la Academia Cultura, el Ayuntamiento de L’Hospitalet -a pesar de la falta de competencias en materia educativa- ha mediado entre las partes y acompañado las familias y la comunidad educativa. Así, el consistorio negoció con el Obispado de Barcelona -propietario del edificio-, con la dirección del centro concertado y con el Departament de d’Educació una salida viable para que el centro continuara en activo un año más -el curso 2021-22-, tiempo necesario para buscar posibles soluciones.
En este tiempo, no ha sido posible conseguir la continuidad del centro ni que este pase a formar parte de la red pública, tal como se comprometió la Generalitat de Catalunya. Para que el Departament d’Educación autorice el paso de un centro de titularidad privada a la red pública fija tres requisitos: la necesidad de escolarización en la zona educativa, el estudio de la plantilla para que pase a la red pública en régimen de interinidad y la recepción de un edificio en condiciones. Los dos primeros requisitos se cumplen plenamente pero no así el tercero. Según un informe técnico elaborado por la Generalitat, los edificios no reúnen las condiciones para desarrollar la actividad docente, ya que presentan problemas de accesibilidad, salidas de emergencia que no funcionan, tejados de fibrocemento con goteras y numerosos espacios docentes sin ventilación.
El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Generalitat diferentes solares repartidos en los diferentes barrios de la ciudad para la construcción de nuevos equipamientos educativos que den re
