Unas 70 personas que ocupaban una nave industrial abandonada en la avenida Vilafranca de L’Hospitalet, fueron desalojadas por los Mossos d’Esquadra, por una orden judicial la semana pasada. El desalojo coincidió con un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, de lluvia y frio, lo que provocó una situación muy complicada para los desalojados.
A continuación se inició el derribo del edificio, que se encontraba en muy malas condiciones estructurales, y que llevaba muchos años abandonado y que antiguamente había albergado una fábrica de televisores. Dentro del edificio se habían declarado incendios, y también habían existido enfrentamientos entre los residentes y otras personas que querían acceder a la nave.
Los servicios sociales del Ayuntamiento de L’Hospitalet, habían mantenido durante los últimos meses, el contacto con los residentes en la nave, para evaluar la situación de las diferentes personas que vivían en el edificio, y así poder encontrar una salida viable para ellos.
Una gran parte de los desalojados se reubicaron en casas de familiares y amigos, a la espera de encontar una solución a su futuro.
Un grupo de unos catorce afectados, de origen boliviano, han pasado las noches al raso desde el desalojo, y justo ayer intentaron okupar un local en el barrio de Sant Josep, en la calle Pau Sans con avenida Carrilet, acción que fue evitada por la Guardia Urbana.
Los servicios sociales del Ayuntamiento de L’Hospitalet, se han mantenido en contacto permanente con este grupo a lo largo de estos días, y se les ha ofrecido alojarlos en el centro de asistencia Els Alps, a lo que se han negado. Así mismo no han querido entrevistarse individualmente con los servicios sociales, para poder desde la administración realizar los informes pertinentes para tramitar las ayudas necesarias. Han rechazado los mecanismos habituales en estos casos, y que son los que utilizan el resto de ciudadanos que se encuentran en situaciones parecidas; exigen una solución global para todo el grupo, y no una atención personalizada.
Hay que tener en cuenta, que en estos momentos la lista de familias que por necesidades y vulnerabilidad, esperan un alojamiento desde la administración es más que notable, y existen unos parámetros y orden que hay que respetar.
Según el Área de Equidad y Derechos Sociales del Ayuntamiento, cuando hubo los incidentes durante el mes de octubre, se instó a los ocupantes a acudir a los servicios sociales municipales pero tan solo uno lo hizo. Una gestión que algunos de los afectados han iniciado tras el desalojo.
