El diario.es, en su edición digital de esta mañana, ha presentado en exclusiva los audios de la tensa asamblea telemática del PSC de L’Hospitalet, transcribimos el reportaje del diario.es:
En una tensa asamblea, a cuya grabación ha tenido acceso elDiario.es, las dos partes enfrentadas solo llegaron a una conclusión: la alcaldesa no puso trabas a que el concejal de Educación, el socialista Jaume Graells, denunciara las irregularidades presuntamente cometidas por dos compañeros de partido y de consistorio, el segundo teniente de alcalde y primer secretario del PSC de L’Hospitalet, Cristian Alcázar, y el concejal adjunto de Deportes, Cristóbal Plaza.
A la espera de la evolución judicial de la causa, el vídeo de la asamblea telemática del PSC de L’Hospitalet del pasado martes constata el enfrentamiento entre Graells y Alcázar. Éste último llega a tildar a su compañero de partido de «impresentable».
La asamblea empieza con una cronología de Marín sobre el caso. Tras recibir en febrero versiones «contradictorias» de denunciantes y denunciados y constatar que el Ayuntamiento no puede intervenir directamente porque el Consell es un ente privado, Marín explica que a finales de febrero decidió que sería la propia entidad la que encargaría una auditoría. Unos días después, continúa la alcaldesa, Graells fue a verla a su despacho y le trasladó que, por recomendación de su abogado, iba a denunciar las irregularidades detectadas.
«Tú haz lo que consideres que tienes que hacer», fue la respuesta de Marín a Graells, según la alcaldesa, una versión que el concejal corrobora en la asamblea minutos después.
«Lo que ha apuntado la alcaldesa responde plenamente a la realidad», indica Graells en dos ocasiones, para a renglón seguido justificar a sus compañeros de partido la denuncia ante la Policía que interpuso el mes de mayo: «Si no denunciaba podría entrar en delitos de prevaricación y tal, cualquier cargo público que detecta irregularidades tiene la obligación de denunciarlo, que es lo que yo he hecho».
La alcaldesa también explica a la militancia que remitió «a la autoridad judicial» un correo con documentación del Consell que le envió Graells.
